El Gobierno está decidido a combatir los abusos por posición dominante en el comercio minorista y, con este objetivo, el Ministerio de Industria está ultimando un proyecto de ley de Contratos de Distribución que pretende acabar con la discriminación que sufren los distribuidores frente a los proveedores en los modelos contractuales existentes.
El texto legal, que el Departamento que dirige Miguel Sebastián quiere llevar al Parlamento antes de final de año, responde a los problemas de posición dominante que se han detectado en los contratos de distribución de los concesionarios de automóvil, franquicias, materiales de construcción, productos informáticos, kioscos de prensa y estaciones de servicio.
En concreto, el texto que preparan los técnicos de la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior regulará, por un lado, el régimen de formalización de los contratos para generalizar que se materialicen por escrito y, por otro, el régimen de modificación de los mismos, para impedir la actual modificación unilateral por parte de los proveedores, especialmente en los casos en que este cambio suponga un coste para el distribuidor.
Qué regularán
Los pactos en exclusiva y las ventas directas por los proveedores son también objeto de la regulación del nuevo texto legal para fomentar una mayor competencia en el sector pero evitando; al mismo tiempo que los proveedores o dueños de la enseña, en los casos de franquicia, puedan establecer precios o condiciones más ventajosas en sus propios establecimientos, en perjuicio de los de sus franquiciados.
Respecto a los plazos de extinción de los contratos, el proyecto de ley reglamentará los plazos de preaviso del cese del acuerdo, las indemnizaciones derivadas de la extinción y las compensaciones por clientela, entre otras situaciones que con la normativa actual están provocando un perjuicio evidente a los distribuidores.
Asimismo, la normativa en preparación articulará un conjunto de disposiciones encaminadas a impulsar la colaboración entre los proveedores y los distribuidores, de forma que se mitigue su actual configuración como contratos de adhesión con imposición de cláusulas unilaterales, sin apenas margen para la negociación individual.
Con esta iniciativa, desde el Ministerio de Industria se quiere, también, apoyar al comercio minorista, que está siendo el sector con mayor capacidad de absorción o mantenimiento del empleo en este periodo de crisis económica y de caída del consumo, sacrificando incluso sus precios y sus márgenes.
